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Acción sindical

Hipocresía en el compañerismo de CSIF: Diligencias 256/2020-A

De todos es conocida la forma de actuar de csif, prepotente, desprestigiando, menospreciando e insultando al resto de fuerzas sindicales y a algunos de sus dirigentes, o mintiendo, manipulando y tergiversando las cosas.

También es conocido que SAPOL es un muro en el camino de csif que ellos pretenden derribar a toda costa y por cualquier medio, por ser el único sindicato profesional y mayoritario en la Guardia Urbana y el que con su trabajo deja en evidencia constantemente al sindicato de la función pública.

En su enfermizo afán de conseguir su objetivo, los dirigentes de csif Barcelona denunciaron en los juzgados por delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones, de entre a otros, al Presidente del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Guardia Urbana, miembro de SAPOL, por no convocar al Comité durante la pandemia y con ello ser responsable de la falta de material de autoprotección individual contra la COVID-19, siendo según ellos cómplice de la falta de directrices contra la pandemia.

Recordamos que si csif tiene representación en el Ayuntamiento es porque cometió irregularidades en la confección de las listas electorales engañando a los compañeros y así lo reconoció fiscalía. Ahora, csif recibe otro revés que no ha hecho público, la interlocutoria dictada por el juzgado de Instrucción número 20, que acuerda rechazar la denuncia presentada por estos presuntos compañeros.

En la denuncia, el sindicato denunciante manifiesta que solicitó en diversas ocasiones la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento de Barcelona, no el Comité de la Guardia Urbana, peticiones que no fueron según parece, tenidas en cuenta ni por el presidente del CSSL de Guardia Urbana ni por la corporación, culpándolos de la falta de EPIS y de no ponerlos a disposición de los trabajadores.

La interlocutoria, considera que los hechos denunciados (la no convocatoria del Comité de Seguridad y Salud Laboral, la falta de material de autoprotección individual contra la COVID-19 y la falta de ciertas directrices) no son constitutivas de delito.

La interlocutoria afirma que el presidente del CSSL de Guardia Urbana NO tiene potestad para convocar las reuniones y menos las del Ayuntamiento, que de haberse convocado podría haber incrementado el riesgo de contagio, que el hecho de que dicha convocatoria no se llevara a cabo, no tiene por qué implicar que las medidas adoptadas fueran insuficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores o que dicha circunstancia incrementara el riesgo para su salud.

La interlocutoria argumenta que resulta imposible que csif desconociera que la situación de la pandemia generalizada a nivel mundial ha dificultado notablemente la adquisición de equipos de protección individual, la situación ha sido absolutamente excepcional y ello ha afectado no solo a las corporaciones locales sino a muchas instituciones y administraciones, habiéndose priorizado por las autoridades sanitarias y por razones obvias, a los sanitarios y al personal de estos.
 
Continúa diciendo que en lo que respecta a la falta de procedimientos y medidas, se desprende y comprueba la existencia de diversos procedimientos que fueron suscritos por el Intendente Mayor Jefe de la Guardia Urbana.

En la denuncia no se aportan datos ni elementos suficientes que acrediten la creación de una efectiva situación de riesgo para la salud de uno o varios trabajadores.

El juez concluye que, entiende que la excepcionalidad de la situación ha creado situaciones similares en otras instituciones y administraciones y es precisamente este carácter de situación sobrevenida y desconocida hasta el momento, lo que ha provocado tal vez la falta de acierto en algunos casos o bien las dudas a la hora de aplicar unas u otras medidas en los diferentes supuestos.

Sres. dirigentes de csif Barcelona, la plantilla de la Guardia Urbana no necesita a supuestos compañeros como ustedes y mucho menos las artes que emplean para defenderlos.

Dirección SAPOL


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