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La Audiencia condena a Colau por intentar esconder la inseguridad de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha recibido un correctivo de la Audiencia Provincial en uno de los casos que usó de bandera en su presunta lucha contra las fake news que sugiere que le afectan. Los magistrados de la sección primera civil de la Audiencia Provincial de Barcelona han dado la razón a Crónica Global en el pulso con Ada Colau respecto a una serie de informaciones publicadas en el verano de 2019 y ha condenado en costas al consistorio. En aquellas noticias se dio cuenta de la negativa de reconocidos grupos de mensajería a repartir paquetes en ciertos barrios de la ciudad para evitar los continuos robos que sufrían. Un hecho objetivo que dio argumentos a las voces críticas con la pasividad municipal por acabar con la actividad ilícita de pequeños grupos criminales organizados que actuaban (y aún actúan) en la ciudad.

El debate sobre la inseguridad en la capital catalana, que persiste incluso en pandemia, tocó techo aquel verano. La corporación local intentó frenar con toda su artillería legal una información que iba en contra de su relato, consistente, en un primer momento, en minimizar el número de hurtos y robos reales que se daban. Para combatirlo, Colau y su formación política se escudaban en una presunta iniciativa orquestada desde la extrema derecha con la finalidad política de apearles del poder. Finalmente, la alcaldesa de Barcelona ha sido condenada en costas “al haberse rechazado totalmente sus pretensiones” en el pulso con Crónica Global. Sus argumentos han sido desestimados por una sentencia del tribunal provincial publicada el pasado 1 de marzo, y en la cual se censura la estrategia legal del equipo de Colau.

Críticas a la demanda judicial municipal

Los magistrados aseguran que “lo pretendido por el ayuntamiento” en su reclamación “no es propiamente [la solicitud de] una rectificación sino [la pretensión de] una falta de veracidad de la información ofrecida por la demandante en base a las manifestaciones de terceros”, extremos que asegura que “exceden del contenido del derecho”. Carga contra la pretensión del consistorio de obligar a este medio a “que se afirme que la noticia publicada contenía informaciones falsas”, cuestión que este grupo editorial siempre ha defendido que carece de fundamento. Tanto ante la opinión pública como en los tribunales. El Ayuntamiento de Barcelona, en síntesis, no está legitimado a opinar sobre cualquier cuestión informativa que esté relacionada con la ciudad, puesto que su voz no es la representante única del municipio.

La sala recuerda que son solo las empresas de reparto que estaban afectadas por la “crisis de seguridad ciudadana” las que tenían derecho a invocar una cosa tan sagrada como un derecho a la rectificación. Cabe tener en cuenta que la legislación española ha dado un salto cualitativo en los últimos años en esta materia. Incluso ha blindado la jurisprudencia hasta el extremo de fijar plazos de respuesta muy breves a quienes la pueden invocar. Pero en verano de 2019 ninguno de los grandes grupos logísticos a los que hacía referencia la información se acogió a ello para enmendar la historia que se había explicado.

Tres empresas privadas que nunca pidieron rectificar

Por este motivo, la Audiencia de Barcelona niega la mayor al equipo de Colau. Da la razón a este grupo editorial al mantener que el ayuntamiento “carece de legitimación activa para interesar la rectificación”. En el artículo que se basaba el pulso legal, que fue seguido de otros, “no se habla de la corporación, de la alcaldesa, de los concejales o de los servicios públicos municipales sino de tres empresas privadas con las que no guarda relación”. Son estas tres las únicas a las que la justicia reconoce que pueden reclamar una rectificación de los hechos que se narraban y que nunca lo invocaron. Nunca pidieron enmendar el relato que se había explicado.

La decisión del Alto Tribunal provincial de este marzo anula una primera sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 49 de Barcelona que daba la razón de forma parcial al Ayuntamiento y que obligaba a publicar la rectificación. Estima de forma integral el recurso de apelación y obliga al Ayuntamiento de la capital catalana a asumir las costas del proceso.


Fuente: Crónica Global

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