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Un juez da luz verde a Colau para comprar 143 motos para la Guardia Urbana

El concurso, adjudicado el pasado mes de marzo, estaba paralizado por la impugnación de una empresa licitante

El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado un contrato para la adquisición de 143 motos escúter con distintivos destinadas a los servicios de la Guardia Urbana de Barcelona. En otras palabras: llegó la hora de jubilar a los viejos vehículos y de dar paso a la nueva flota. Un informe de los técnicos del Ayuntamiento explica que las motos existentes “tienen una antigüedad superior a los 8 años, lo que comporta un incremento en sus entradas en el taller debido a diferentes tipos de reparaciones. Son vehículos que tienen un desgaste importante porque hacen servicios de 16 horas al día y con diferentes conductores”.

El consistorio ha aprovechado también para adquirir motos “más adaptadas a las necesidades operativas de la Guardia Urbana y más sostenibles (con niveles de contaminación más bajos). Al mismo tiempo, se reducen las horas fuera de servicio y el gasto económico en reparaciones”.

UNA EMPRESA DE BADALONA

En el pliego de especificaciones técnicas se detalla, asimismo, que han de utilizar gasolina sin plomo y han de tener motor catalizado, con encendido eléctrico, frenos de disco de accionamiento hidráulico y ABS. También deben de respetar escrupulosamente la normativa europea y haber sido fabricadas y transformadas respetando las normas sociolaborales vigentes en España. Aunque las motos son blancas, han de llevar el logotipo de la Guardia Urbana, incorporar GPS y una maleta posterior de fácil extracción.

El contrato fue adjudicado a la empresa Motor Center MM Barcelonés por 1.093.705 euros. Esta compañía, cuya sede está en Badalona, forma parte del pequeño emporio de los hermanos Ismael y José María Alari, que controlan una docena de empresas del sector inmobiliario y del motor, la mayoría de ellas ubicadas en Sabadell.

CONCURSO IMPUGNADO

En realidad, este contrato fue adjudicado ya en el mes de marzo, pero una de las empresas que optaba al misma lo impugnó al entender que la empresa ganadora no cumplía con las especificaciones de las bases del concurso. La impugnante era la compañía Cooltra Motors, que el pasado 21 de mayo alegó que tanto las señales acústicas como las luces prioritarias no eran las que se especificaban en los pliegos de prescripciones técnicas. Pedía medidas cautelares y que se anulase la adjudicación.

En concreto, el sistema acústico debía de consistir en una sirena compacta de un determinado modelo con amplificador y altavoz en una sola unidad, mientas que el sistema de luces prioritarias debe estar compuesto de dos focos con cuatro módulos de leds y un mástil telescópico de dos cuerpos con 15 leds de alta intensidad.

EL FALLO DEL TRIBUNAL

Tras el recurso, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público pidió explicaciones a la recurrente, que envió un informe técnico con los detalles de lo que se pedía y lo que se propuso por la ganadora. Motor Center MM alegó, por su parte, que la documentación entregada en la mesa de contratación incluía documentación no necesaria para el concurso sobre memorias de los tipos de escúter, cuyas características fueron las utilizadas por la otra licitante para interponer el recurso.

Por lo tanto, según dijo la adjudicataria ante el tribunal, acepta que los certificados aportados tienen datos desfasados pero “este hecho no puede suponer la expulsión del licitador por la presentación de una documentación que no era obligatoria”. Motor Center MM achaca a “un error” la presentación de esa documentación al margen de la oficial.

El Ayuntamiento declaró ante el tribunal, además, que en los pliegos del concurso pedía unos determinados equipos “o similares”, lo que abría el abanico para poder aceptar otros modelos si cumplían igual su función. El tribunal dictó sentencia el pasado 30 de septiembre. Este fallo, al que ha  tenido acceso Metrópoli Abierta, estima parcialmente el recurso pero ordena “levantar la suspensión automática de la adjudicación”, declarando que “no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso”. La resolución es “directamente ejecutiva, sin perjuicio de que se pueda interponer un recurso contencioso administrativo ante la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)”. La decisión fue comunicada a las partes este mes de octubre. Colau, por tanto, puede seguir adelante con el concurso y comenzar a renovar la flota de dos ruedas de sus agentes.


Fuente: Metropoli Abierta

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