;
imagen-noticia
GUB

Sindicatos y oposición instan a Ada Colau a convocar más plazas ante la entrada en vigor de un decreto que jubilaría a los policías a los 60 años

La inminente aprobación de un real decreto que permitirá a los policías locales jubilarse a los 60 años amenaza con dejar en cuadro a la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona. La oposición interpeló ayer al gobierno municipal para que explicara si se planteaba alguna medida para sufragar esta pérdida de personal que podría desaparecer de un plumazo tan pronto como se apruebe el decreto. Los sindicatos pronostican, según sus cálculos, que los efectivos de la policía local barcelonesa podrían sufrir una merma de hasta 300 personas que por edad optarían a la jubilación, y eso podría repercutir de forma directa en los servicios de vigilancia y de seguridad ciudadana que presta el cuerpo policial. La situación que describen los sindicatos también coincide con la lectura que hacen todos los grupos de la oposición, a excepción de la CUP, que ayer instaron al gobierno municipal a convocar más plazas para superar el déficit de personal de la policía local. El grupo que apoya al gobierno, Barcelona en Comú, se abstuvo.

El PSC interpeló ayer al ejecutivo municipal, del que fue expulsado meses atrás, para reclamar que aumente la dotación de efectivos policiales en 222 plazas este mismo año para suplir las posibles bajas que provocaría la aprobación del decreto. Ajeno a las prisas, el comisionado de seguridad, Amadeu Recasens. desmintió que esos sean los números con los que trabajan y aseguró que “no se puede aumentar la plantilla” sin que haya “ley de presupuestos del Estado” y en un “escenario de incertidumbre” ya que no se sabe cuando se va a aprobar el decreto. El comisionado de seguridad recordó que hace un año reclamaron al Gobierno una convocatoria extraordinaria de plazas de Guardia Urbana a la que aún no han recibido respuesta. Aun así, se comprometió a que “cuando tengamos la certeza, cubriremos las vacantes”.

El Ayuntamiento anunció la convocatoria de 150 plazas este año que la oposición ve insuficientes

El debate que plantearon ayer los socialistas se arrastra desde la entrada en el gobierno de Ada Colau. En su primer año de legislatura su ejecutivo decidió suspender la convocatoria de plazas de agente de la Guardia Urbana que sí había proyectado el anterior Ayuntamiento encabezado por Xavier Trias. Quedó en el aire la convocatoria de 120 plazas de guardias urbanos que debían aprobarse en el 2016 a fin de reponer los puestos de los agentes que se jubilaban. Esa convocatoria se hizo finalmente en el 2017, pero implicó que ese mismo año ningún agente se incorporó a la plantilla de la Guardia Urbana puesto que todos los opositores que obtuvieron la plaza estaban cumpliendo con los dieciocho meses de formación en la Escuela de Policía. Las jubilaciones y bajas que se produjeron aquel año fueron sufragadas con incorporaciones que se obtuvieron gracias a la movilidad administrativa, que permite nutrirse de personal de otras policías locales. En el 2017, se incorporaron 49 policías a través de esta fórmula. El Ayuntamiento finalmente anunció el mes pasado la convocatoria de 150 nuevas plazas libres para incorporarse al cuerpo de la Guardia Urbana, una cifra que la oposición juzga insuficiente teniendo en cuenta que la aprobación del decreto amenaza a 222 plazas de una plantilla ya de por sí carente de efectivos. Además, subrayaron la falta de tiempo para que se incorporen al servicio, puesto que antes deberán formarse en la escuela de policía, con lo que la plantilla podría verse notablemente lastrada si se aprueba el decreto de forma in­minente.

La impulsora de la proposición, la socialista Carmen de Andrés, acusó a la alcaldesa de “practicar el trilerismo” con el número de agentes de la Guardia Urbana y le achacó “falta de previsión y planificación”. El grupo demócrata apoyó la iniciativa, pero recriminó al PSC que tampoco previera la situación cuando estaba en el gobierno. Ciutadans vaticinó un aumento de la delincuencia en la ciudad si no se cubren las plazas de la Guardia Urbana, y ERC coincidió en que el cuerpo policial no está suficientemente dimensionado. El PP se comprometió con el Gobierno para aprobar la dotación. Y a diferencia de todos ellos, la CUP abogó por debatir también sobre el aumento de las plantillas de otros trabajadores públicos.

 

Fuente: La Vanguardia

  • Tags

Comparte esta página